Por cada pista de aterrizaje con permiso hay tres clandestinas

108 pistas cuentan con autorización de la DGAC, mientras que al menos otras 300 clandestinas operan como parte de la cadena del narcotráfico o de otros ilícitos.

En Bolivia, 108 pistas de aterrizaje tienen permisos de funcionamiento privado aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Mientras que otros 300 aeródromos fueron identificados como clandestinos y ligados al narcotráfico. En consecuencia, por cada pista autorizada hay tres ilícitas en el país.

Sin embargo, del centenar de pistas que tienen permisos de funcionamiento en el país, al menos una decena fue intervenida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en operativos antidroga. En paralelo, al menos 300 funcionan de manera clandestina y con fines que son ilícitos.

300 pistas clandestinas

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue quien confirmó las 300 pistas clandestinas usadas con fines ilicitos.

“Ya hemos logrado identificar 300 pistas en todo el territorio nacional que faltan ser destruidas y que no están autorizadas”, informó Del Castillo el 14 de abril frente a seis asambleístas de oposición que enviaron una Petición de Informe Oral (PIO).

En su informe el ministro añadió: “Hemos realizado 4.450 operativos en la lucha contra el narcotráfico incautando casi 8,9 toneladas de cocaína y 99,57 toneladas de marihuana, haciendo un total, entre ambas sustancias, de 108,46 toneladas. Además, se secuestraron 81 avionetas y dos helicópteros”.

En 2021, según el Ministerio de Gobierno, se destruyeron 46 pistas clandestinas usadas para el transporte de droga. El 84% de ellas estaban en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Para este 2022, Del Castillo se comprometió a eliminar al menos el doble de esas infraestructuras utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas.

En el informe oral, el ministro también confirmó que se llevaron a cabo 72 operativos en áreas protegidas del país durante 2021 y hasta mayo de 2022.

Aunque Santa Cruz y Beni concentran el mayor número de intervenciones, también se registraron otros cinco operativos en el norte paceño y tres en el departamento de Oruro.

Ninguno de los permisos para vuelo registrados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) corresponde a Cochabamba. A inicios de este mes se realizaron intervenciones en Puerto Villarroel y en la zona del Chapare cochabambino.

En ese sector, efectivos de la Felcn destruyeron una pista clandestina y secuestraron 209 kilos de cocaína.

Como parte del plan “Puercoespín”, las operaciones fueron aéreas y delegadas al Comando Umopar Chapare. Las pistas clandestinas eran modernas y estaban bien equipadas; por ejemplo, se hallaron seis radios de comunicación, según la Felcn.

Las pistas de aterrizaje están al final de la cadena del narcotráfico. En muchos de los operativos que las destruyen, también se encuentran generadores de energía, lavadoras y los hornos microondas de tecnología de punta que también deben ser eliminados por su imposibilidad de ser trasladados, explicó el ministro ante la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los aeródromos autorizados

Por normativa, la DGAC está a cargo de conceder los permisos de operaciones aéreas en el país. Para obtener la autorización para una pista privada, los dueños deben argumentar razones económicas, que por lo general son para tareas agropecuarias, como exportación de granos o transporte de carne y minerales.

En cuanto a las actividades comerciales y de traslado de pasajeros o actividades mixtas, el país cuenta con 42 aeropuertos de los cuáles sólo tres tienen la categoría de internacionales: Viru Viru, de Santa Cruz; El Alto, de La Paz; y Jorge Wilstermann, de la ciudad de Cochabamba.

Éstos realizan sus operaciones bajo el control de la empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), luego de la anulación, por decreto, de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).

De las 108 pistas que tienen permiso de funcionamiento, dos se concedieron a favor de Repsol y Petrobras, en Tarija, en la provincia O Connor. Otras dos pistas están autorizadas en la provincia Nor Lípez, Potosí, para operaciones de la Minera San Cristóbal. Los permisos de operaciones áreas privadas en Beni son seis y están vigentes hasta 2026. Todas están relacionadas a actividades de ganadería.

Las restantes 98 autorizaciones están en Santa Cruz distribuidas en las provincias de Chiquitos, Andrés Ibáñez, Cordillera, Germán Busch, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Obispo Santisteban y la provincia Velasco.

Éstos son escenarios donde se comprobó la instalación de megafábricas de droga. El listado es público y está alojado en la página de la institución.

¿Quién controla las pistas?

Los aeródromos privados responden a fines particulares, sólo benefician a quienes han pedido y obtenido los permisos. En cambio, los aeropuertos para el traslado de pasajeros o carga benefician a muchas más personas aunque lo hacen a través de empresas privadas.

El artículo 21 de la Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia (2902), del 29 de octubre de 2004, dice que el Estado planificará la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los aeródromos destinados al servicio público, para lograr una adecuada infraestructura, que sea la base del desarrollo del transporte aéreo interno e internacional y la defensa nacional.

“Igualmente podrá estimular la construcción y funcionamiento de aeródromos privados, reservándose la dirección y organización de los servicios de protección al vuelo y de seguridad aeroportuaria en tierra”, añade.

La norma agrega que todo aeródromo deberá ser certificado y habilitado por la autoridad aeronáutica, a cuyos efectos se aplicarán las normas generales que establezca la reglamentación pertinente. La construcción, explotación, operación, equipamiento y conservación de los aeródromos públicos o privados pueden llevarse a cabo por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

El artículo 23 determina que es obligación del propietario o del explotador del aeródromo, así como de toda persona que realice actividades aeronáuticas, comunicar a la autoridad aeronáutica la existencia de todo lugar que sea utilizado habitual o periódicamente para realizar actividades aéreas.

La autoridad aeronáutica puede adoptar las medidas necesarias para suprimir o minimizar los riesgos potenciales que afecten al medioambiente, que genera la actividad aeronáutica sin que, por ello, se restrinja la seguridad operacional, detalla el artículo 24 de la misma ley.

Las pistas privadas actuales tienen vigencia hasta 2026. En 2020 los permisos eran 84.

Cuestionamientos

Una de las críticas de la oposición apunta a los controles a las pistas privadas cuando éstas obtienen los permisos de funcionamiento para operar.

“Revisen cuántos trabajadores tiene DGAC en Santa Cruz, en Beni o en Pando. El control de pistas es muy pobre y las que tienen permisos no son controladas por nadie”, manifestó Omar Durán, exresponsable de Transparencia de esta institución.

“Ojalá se hiciera un microaspirado a todos esos aviones en pistas privadas. No están en actividades de agriculura sino de transporte de drogas”, sostuvo.