La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre la falsificación y venta ilegal de Cialis, también llamada tadalafil, una caja con cuatro tabletas de 20 mg que sirven para la disfunción eréctil e hiperplasia prostática. Dicho medicamento pertenece a la empresa Eli Lilly y Compañía de México.
Se trata de los lotes A913777k y A915110M de Cialis (tadalafil), los cuales no son reconocidos ni comercializados por la empresa titular del registro sanitario, además de que estos lotes se distribuyen en sitios no autorizados.
En un comunicado, la Cofepris advirtió que la distribución y comercialización de este medicamento, así como de otros productos que no cuenten con licencia y responsable sanitario, constituyen una infracción a la Ley General de Salud.
También recomendó a la población, principalmente a los hombres afectados por la disfunción eréctil e hiperplasia prostática, que no adquieran el medicamento Cialis sin importar la fecha de caducidad, ni las presentaciones en frasco de 30 y 10 cápsulas, debido a que estos productos son falsificados y no están reconocidos por la empresa titular del registro.
Cofepris confirma falsificación de Cialis
En un análisis de los empaques primario y secundario, la Cofepris reveló varias irregularidades en el medicamento, confirmando así que se trata de un producto falsificado, por lo que la Comisión dijo que no garantiza su seguridad, eficacia y calidad en el consumo.
Dichas tabletas están clasificadas como medicamento fracción IV, es decir, que su venta requiere de un receta médica detectando que existe una comercialización ilegal del Cialis en las presentaciones en frasco con 30 y 10 cápsulas, las cuales no están autorizadas por la Cofepris.
Cofepris alertó que el consumo de fármacos de origen desconocido y sin información sobre sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte representa un riesgo grave para la salud que puede llevar incluso a la muerte, por lo dicha Comisión realiza acciones de vigilancia sanitaria para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria y pongan en riesgo la salud de la población.